La captura y posterior liberación previo pago de rescate del pesquero “Playa de Bakio” ha puesto en las portadas de nuestros periódicos la problemática de la piratería en el mundo.

 Ahora bien, no he visto a ningún representante del pueblo, de los pescadores o de dónde haga falta asumir cierto grado de responsabilidad por no haber impulsado el apoyo tácito (político) y práctico (financiero y militar) a los esfuerzos de Naciones Unidas para hacer frente a un riesgo a la libertad de navegación, y a la seguridad de los que surcan los mares, aunque sea por razones de trabajo. Y es que Naciones Unidas lleva mucho tiempo impulsando la mision “ALCYON“, que liderada por Francia protege el programa  mundial de Alimentos de la ONU en aguas de Somalia.

 El ejemplo francés de no permitir que unos piratas se salgan con la suya, es un ejemplo a seguir. Por razones de estado: no nos sometemos al chantaje de unos indocumentados; por razones de orgullo, navegamos donde lo permite el Derecho Internacional con el respaldo del estado al que pago mis impuestos, incluido la “policía marítima” en aguas territoriales y extra-territoriales; por razones prácticas, una vez resuelta la captura de los piratas, estos o sus conocidos se aprenderán que banderas no se deben afrentar, y por lo tanto, menos problemas en el futuro. Pero, además, por razones legales.

 Los convenios internacionales, y principalmente la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada por España, en su artículo 100 manifiesta que los estados deben cooperar en la represión del piratería en alta mar o en otro  lugar que no esté bajo la jurisdicción de ningún estado, y  me atrevo a decir, que en el caso de estados fallidos existe la co-responsabilidad internacional de cooperar activamente en esta tarea.

 El artículo 105 de la misma Convención, autoriza a los estados a apresar al buque pirata, al buque asaltado y a los piratas, e incautarse de los bienes, siendo los tribunales del estado español (en nuestro caso, la Audiencia Nacional) los que deban decidir las penas impuestas y medidas a adoptar.

 Es más, en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en cuento a las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas, en su artículo 15.3 dice:

Finalmente, será la jurisdicción española la que enjuicie a los piratas detenidos. Si legalmente no se les puede condenar por “actos de piratería en alta mar” por no estar recogido en nuestro cuerpo legal, si que podrán ser enjuiciados por: amenazas, coacciones, secuestro, detención ilegal, robo, lesiones y homicidio.

 Lo más importante es que no quede impune, porque sino el esto de buques con bandera española continuarán siendo secuestrados, y los armadores pagando. Vamos, un lujo.

¿O quizás esperamos a que haya un muerto para ponernos a trabajar ante esta moderna forma de ganarse la vida en la mar?